CONFLICTO DE PODERES
Oswaldo Álvarez Paz
EXPRESO, Lima
A veces tengo la impresión de estar demasiado repetitivo con
relación a la situación venezolana. Puede ser verdad, pero lo que estamos
viviendo dificulta mucho centrar la atención en materias distintas. Sobre todo
cuando analizamos las distintas realidades de esta parte del mundo y vemos los
peligros reales existentes en algunas naciones que podrían caer en la misma
fosa tragicómica. En definitiva, se trata de una prueba adicional del fracaso del
dogmatismo socialista a la cubana, encubierto retóricamente con eso del
“socialismo del siglo XXI”. En definitiva estamos sufriendo de tiranía, lo que
tenemos es una dictadura del siglo XXI con algunas características
diferenciales de las que hemos conocido hasta ahora. En este caso, ante el
rechazo generalizado de la población, se apela a un populismo desbordado, pero
sin los recursos que antes se tuvieron. Los ingresos petroleros sirvieron para
lo uno y su caída, para lo otro, es decir, para mostrar la farsa en toda su
estatura.
Más allá de la sobre diagnosticada realidad venezolana, ahora
se presenta una crisis de enfrentamiento entre algunas ramas fundamentales del
poder público. Tenemos un jefe del poder ejecutivo legalmente designado pero
carente de legitimidad de origen y de ejercicio. Bajo su control el poder
judicial gracias, entre otras cosas, a la designación inconstitucional de la
mayoría de los magistrados, sin embargo, basta su probada lealtad a la
“revolución” para conseguir y mantener sus posiciones. Igual cosa podemos decir
de algo que llaman poder moral o poder ciudadano, integrado por la Fiscal
General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General. Gracias a las
elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, el pueblo dio a la oposición
una mayoría superior a las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. El
poder legislativo cambió de manos anunciando su decisión de ejercer a plenitud
las atribuciones que la Constitución le señala. Controlar, fiscalizar a las
demás ramas del poder público y legislar en el marco del orden jurídico.
La crisis ya está planteada. El Tribunal Supremos de
Justicia, especialmente la Sala Constitucional y la Sala Electoral, anuncian
una supremacía que no tienen y junto al señor Maduro declaran el desconocimiento
de la autoridad de la Asamblea. El problema avanza en un país sin seguridad
personal ni jurídica, sin alimentos, sin medicinas, con el sistema educativo
deteriorado y la planta física de la nación por los suelos, pero con corrupción
campante. Ahora se agrega la falta de agua y de luz. El malestar se siente
igual en unas fuerzas armadas atentas y resueltas a reivindicar su deteriorada
imagen, Atención.
@osalpaz
Sábado, 30 de enero de 2016
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