Los demócratas venezolanos estamos cada día más silenciados
en el territorio nacional. Los pocos medios de comunicación independientes que
van quedando, son asfixiados económicamente y los periodistas víctimas del
acoso sistemático del régimen. Los anunciantes son amenazados con la aplicación
de multas impositivas sin fundamento, pero que a base de inspecciones e
insultos logran el efecto buscado.
La violencia física e institucional se aplica a discreción
contra los dirigentes políticos, sociales y económicos. Acabamos de presenciar
dos hechos grotescos pero definitivos. La dictadura cerró buena parte de la
frontera con Colombia. Se trata de los estados Táchira y Zulia donde suspendió
las garantías y decretó estado de excepción a menos de sesenta días de las
elecciones parlamentarias. Se trata de dos bastiones de la democracia, de la
oposición al gobierno, donde se deberían de elegir unos 27 diputados. Ha sido
grotesco y contrario a la decencia y a los más elementales derechos humanos de
familias colombo-venezolanas destruidas, separadas, confiscados sus escasos
bienes. La reacción es enorme, abierta y silenciosa pero definitiva.
Especialmente en la zona norte del Zulia, particularmente poblada por la etnia Wayuu,
es decir Guajiros. Ellos son prácticamente binacionales. La “nación guajira”
abarca algo más que la Península de ese nombre.
Van y vienes históricamente con absoluta libertad. Muchos tienen
documentos de identidad de ambos países. Han sido fundamentales en el
desarrollo de esa espectacular zona. Ahora todo pareciera cambiar. La torpeza
de Nicolás Maduro no tiene límites. Precipita su caída.
Además de lo señalado para esta semana, el alto gobierno
desconoce la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos,
ordenando la vuelta al aire de Radio Caracas Televisión, RCTV, arbitrariamente
liquidada en 2007. Para ellos no existe el derecho internacional, ni las
convenciones suscritas por la República. Como si fuera poco, en una nueva
prueba de indecencia, la dictadura condenó a Leopoldo López, dirigentes
políticos de primera línea a casi 14 años de prisión y a mantener su reclusión
en la cárcel militar en que se encuentra.
Calificadas voces de expresidentes y algunos presidentes en
ejercicio han declarado en contra de la dictadura venezolana. Entre los
peruanos destaca la posición de Alejandro Toledo, apreciada y valiente, pero
faltan muchos más, gobernantes u opositores. Las necesitamos. La solidaridad
internacional es ansiosamente esperada en la Venezuela democrática.
@osalpaz
Sábado,, 12 de septiembre de 2015
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